A partir del surgimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y de las Declaraciones sobre Pueblos Indígenas y Tribales, se ha abierto un importante debate en los planos internacional y, en muchos países, el plano nacional. Estos y otros instrumentos que les reconocen derechos generales y específicos han llegado a promover cambios legislativos que son incluyentes de derechos especiales para personas con identidad indígena en la dimensión individual y colectiva.  Precisamente, a razón de los derechos de los pueblos y las comunidades, se ha tenido que reflexionar acerca de la validez de los sistemas jurídicos alternativos que son aplicados cotidianamente en las relaciones al interior de las comunidades étnicas, lo que permite hablar de un enfoque pluralista del derecho.  Se ha vuelto necesario también debatir acerca de si hay o no una nueva rama del derecho que se puede denominar “derecho indígena”, aunque sea con características distintas a las ramas que componen el clásico derecho positivo, y bajo qué parámetros hay que buscar no solo la fundamentación de las normas consuetudinarias de aplicación comunitaria, sino la interpretación de las normas basadas en la pluralidad cultural.  En torno a los pueblos y comunidades indígenas, se desarrolla un conjunto de temas que resaltan las problemáticas, a la vez que se proponen vías de su solución.  A todo aquello que tiene implicaciones normativas es a lo que he denominado la cuestión jurídico indígena, que da nombre a la obra con la que se pretende poner a disposición una serie de reflexiones provocativas que pueden llegar a cambiar nuestra visión del derecho.