El objetivo del documento es esbozar el escenario socioambiental en el que se realizó un conjunto de análisis con el propósito de, en primera instancia, valorar y diagnosticar de forma inicial, y en el marco de procedimientos científicos de índole químico y biológico, las condiciones físicas de los recursos hídricos y superficiales que están expuestos a las actividades de aprovechamiento de hidrocarburos; y en segunda, formular una interpretación inicial de carácter sociojurídico que ofrezca una primera aproximación entre el vínculo que surge por la interacción que se da entre las actividades económicas de índole primario, los elementos abióticos vinculados a ellas y la explotación de los hidrocarburos.

En 2013, el gobierno federal instaló en la democratización de la productividad el impulsó al desarrollo económico y social nacional y regional del país, y al sector energético de los hidrocarburos lo situó como su principal instrumento para concretizarlo. Fue con base en esa política pública como el Estado mexicano consideró impulsar el crecimiento económico y la equidad social de las próximas décadas. A través de la planeación nacional 2013-2018, el gobierno federal implementó la estrategia de democratizar la productividad como una política pública transversal, cuya función primordial sería la de establecerse como el principal catalizador jurídico-administrativo para la consecución de las metas nacionales planteadas, especialmente aquellas vinculadas con el desarrollo económico.

De acuerdo con las cifras que se presentaron en ese periodo, el sector económico productivo de México se ubicaba en una posición media como destino propicio de negocios; mientras que en materia de empleo, su tasa de desempleo entre la población económicamente activa era del 30.6 por ciento. A partir de condiciones socioeconómicas, el gobierno nacional consideró necesario elevar la productividad en el país a través de una democratización de los recursos productivos que permitiera establecer un entorno de negocios adecuado, el cual, además, estuviera soportado en un marco normativo que facilitase, entre otras cosas, la disposición de los bienes públicos que pudiesen operar entre las empresas como un recurso generador de prosperidad.