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Como consecuencia de las respuestas que se dieron a los ataques del 11 de septiembre de 2001 y a los sufridos posteriormente, muchos observadores han mostrado su preocupación por que los Estados constitucionales liberales occidentales corran el peligro de sacrificar sus principios constitucionales básicos en la “lucha” –o incluso “guerra” – contra el terrorismo.