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En México, durante los primeros años de la alternancia política, los Congresos de los estados se dieron la tarea de institucionalizar diversos mecanismos de participación ciudadana. Paradójicamente, la participación ciudadana fue objeto de la legislación, pero en raras ocasiones fue parte del proceso legislativo. Un caso excepcional fue Coahuila, en el año 2001 se llevó a cabo un largo y peculiar proceso legislativo.