Al aperturar la lucha por el poder, la política democrática genera el escenario propicio para que se presenten políticos capaces y dispuestos a todo con tal de obtener el voto popular. Derivado de esta situación, cada vez son más frecuentes los reclamos de una ciudadanía incrédula y defraudada. Esto no tendría que suceder así, ya que se supone que a pesar que las democracias representativas no cuentan con ninguna institución que asegure el cumplimiento de las promesas de campaña, sí reconocen a las elecciones como una vía para ajustar cuentas con los políticos incumplidos (accoutability). Bajo estas reglas, si el político cumple con sus promesas, el elector le ratificará su apoyo, de otra manera lo echará del poder. El problema es que las elecciones o son un mecanismo de control insuficiente, o inexistente como en aquellos sistemas que, como el mexicano, mantienen la prohibición constitucional para reelegir a sus autoridades. En este texto se propone una reforma institucional para establecer dos tipos de controles sobre el cumplimiento de los compromisos de campaña, al margen de las elecciones: uno ex ante, donde se someta toda decisión de gobierno relacionada a modificar o incumplir compromisos electorales a la única y exclusiva decisión de los ciudadanos, y otro ex post, para someter la continuidad o salida de los políticos gobernantes en caso de que se haya concretado un posible incumplimiento. Como podemos observar, este modelo implica necesariamente la ampliación del marco de derechos políticos tradicionalmente reconocidos.