Para brindarle la mejor experiencia posible, este sitio utiliza cookies. El uso de su sitio significa que está de acuerdo con nuestro uso de cookies. Hemos publicado una nueva política de cookies, que deberías necesitar para saber más sobre las cookies que utilizamos.
Equidad, desarrollo y ciudadanía siguen siendo asignaturas pendientes en América Latina y el Caribe. Para fortalecer el estado de derecho y la gobernabilidad democrática es crucial que los ciudadanos gocen efectivamente de derechos, lo cual implica especificar los titulares, el contenido y alcance de los derechos, y contar con herramientas para su protección. Para distribuir mejor los frutos del desarrollo y encarar la desigualdad, es decisivo el acceso al empleo, su retribución y la protección social. Nutriéndose de la literatura internacional y de estudios de caso, el presente libro aborda estos desafíos en torno a tres ejes: la equidad y los derechos ciudadanos, los efectos sociales del desarrollo económico, y las reformas de la política social y de combate a la pobreza de las últimas décadas. Preocupantes resultan la menguante calidad del empleo, la creciente precariedad laboral y la baja cobertura de los sistemas de protección social, que se analizan desde varios ángulos. Se consideran también los vínculos entre pobreza, calidad del crecimiento y reformas en materia de política social. Los resultados evidencian que para crear relaciones sinérgicas entre un desarrollo económico vigoroso y el bienestar de la población es necesario fortalecer la inversión en capital humano y los sistemas de protección. Así, los niveles de educación en interacción con el mercado de trabajo son cruciales para explicar la desigualdad social, también se ve coartada la elevación de la productividad cuando los países adolecen de serios rezagos de inversión en capital humano. Lógicamente, el desarrollo económico determina la disponibilidad de recursos, y con ello la calidad y el nivel de la protección social y la inversión en desarrollo humano en los países. Pero el contexto político-institucional de cada país y procesos de naturaleza estrictamente política son decisivos. Por ejemplo, la vigencia de acuerdos políticos y sociales respecto del nivel de bienestar que cabe garantizar a los ciudadanos, y que se encargan en un financiamiento fiscal y contributivo sostenible en el tiempo. Por otra parte, las políticas económicas también pueden promover un crecimiento económico de calidad y con capacidad anticíclica para amortiguar los choques que causan vulnerabilidad y empobrecimiento.