Históricamente el fenómeno de los menores infractores ha constituido un serio problema social. De manera particular, durante la última década, en México se ha profundizado tal problema, sumándose a los conflictos de la seguridad pública y, en sentido más amplio, a la problemática nacional. Tal cuestión no se encuentra de manera exclusiva en la sociedad, sino también pueden verse sus efectos y, por supuesto, algunas de sus causas, en los sistemas administrativos que se encargan de atender a los menores infractores, así como en los jóvenes reincidentes que constituyen acaso la mayor evidencia de la escasa adaptación del menor infractor por las instituciones que se encargan de ellos. Para atender este problema se han generado diversas propuestas tenientes a la modernización de la administración de justicia del menor, desde implementar una pedagogía correctiva, hasta hacer eficientes y eficaces las normas mínimas procesales de jurisdicción. Sin embargo, los autores, tomando como base el supremo interés del menor, sostienen el criterio de que es una cuestión que primero que nada reside en la educación y cultura en la que ellos están sujetos, que responde a una lógica diversa a la procuración e impartición de justicia, que su problemática es una cuestión de valores familiares y personales, y no sólo de jueces que ajustician benévola, pronta, expedita y cumplidamente. Se trata de un profundo y complejo problema social que tiene fuertes implicaciones en todos los ámbitos de la vida nacional y, confiamos que con esta investigación y propuestas, podemos avanzar hacia mejores soluciones.